Resumen: Reitera el trabajador sancionado la improcedencia de su despido, negando los incumplimientos que se le imputan desde la dimensión que ofrece un relato fáctico revisado a los solos efectos de modificar al alza su haber regulador; insitiendo (ya a través de su motivo jurídico de censura) en el que en el acto de la vista nadie sostuvo que se hubiera apropiado de bienes de la empresa, circunstancia ésta que tampoco resultaría de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia. Tras recordar que solo las sentencias del Tribunal Supremo constituyen jurisprudencia a los efectos de su eficaz invocación en trámite de recurso, destaca la Sala que los hechos definitivamente probados expresivos de la acreditada sustracción de productos de la empresa constituyen transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza que el Convenio Colectivo del Sector de Industrias Carnicas tipifica como falta muy grave. Conclusión que no se ve enervada por la pendencia de un proceso penal que no constituye causa de suspensión del proceso social, a excepción del caso previsto en el artículo 86.2 LRJS.
Resumen: Adquisición de "unidad habitacional" en un conjunto residencial para personas mayores en régimen de cooperativa. La Sala, con desestimación de los recursos, concluye que la finalidad no residencial de la adquisición del demandante se asienta en una base fáctica, que no se ha desvirtuado mediante el recurso por infracción procesal con la consecuencia de la exclusión de la aplicación, en el caso, del régimen tuitivo de la ley 57/1968. En este sentido, por la Sala se reitera la doctrina que determina que la no aplicación de la Ley 57/1968 excluye que pueda declararse la responsabilidad de la entidad garante colectiva, sea avalista o aseguradora, por no ser aplicable la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de los avales colectivos en ausencia de aval individual.
Resumen: La demanda tenía por objeto la declaración de la responsabilidad civil del facultativo que llevó a cabo una endodoncia, por los daños derivados de una supuesta mala praxis. El testigo, a diferencia del perito, tiene un conocimiento directo y extraprocesal de los hechos, aunque pueda, si es experto, aportar su valoración técnica o profesional. La congruencia de la sentencia impone una lógica o coherencia argumentativa, pero no se extiende al acierto o desacierto de la resolución, que es cuestión de fondo. Siendo la obligación del médico de medios y no de resultado, la prueba revela, a juicio de la Audiencia, que la técnica empleada en la endodoncia en la que el actor sitúa el origen de la infección que sufrió años después fue la correcta y adecuada. Consta, por el contrario, que el demandante abandonó voluntariamente el tratamiento posterior a la intervención, lo que descarta la apreciación del nexo causal entre la actuación médica y el resultado lesivo que se describe en la demanda.
Resumen: Recurren la acusación particular y el Ministerio Fiscal la sentencia absolutoria por un delito de agresión sexual. Límites del recurso de apelación contra sentencias absolutorias. Declaración de la víctima. Presencia de otros elementos documentales que corroborarían el hecho y el daño psicológico: no pueden suplir la falta de coherencia interna y de persistencia de la declaración de la víctima. La víctima cambia la versión en las tres declaraciones a la vista de las pruebas aportadas por el investigado. La actitud relajada de las fotografías y mensajes no cuadra con la violencia que habría sufrido la víctima. Los mensajes del móvil corroboran la versión del acusado. Recurso del Fiscal: no especifica ninguna máxima de experiencia ni por qué el tribunal se aparta de ellas, ni qué prueba relevante no ha sido tenida en cuenta por el tribunal.
Resumen: Credibilidad del testimonio de la víctima: no se opone tacha alguna a la credibilidad. Dictamen sobre credibilidad ratificado en juicio. Coincidencia con el relato de otro menor y de la madre de la víctima. Las alegaciones de la defensa no desvirtúan las pruebas incriminatorias. El acusado privó a la menor de libertad deambulatoria. El delito de detención ilegal se cumple mediante la acción de detener o encerrar a otro, privándole de su libertad ambulatoria. Agresión sexual: consumación. Son hechos típicos y, además, consumados y no meramente intentados los consistentes en sobar a la niña las piernas, además de la espalda con igual ánimo lúbrico. Que no consiguiera bajarle los pantalones ni subirle la camiseta no significa que los actos tendentes a ello, ese manoseo, no constituyan un delito consumado, pues se trata de actos de indudable carácter e intencionalidad sexual. Intimidación: concurre por las circunstancias del hecho. La determinación de la pena está suficientemente motivada.
Resumen: El juzgado desestima la acción reivindicatoria sobre una porción de terreno ejercitada como principal por falta de título, así como la subsidiaria acción constitutiva de una servidumbre forzosa de paso a su favor por no estar enclavada.El tribunal de apelación no aprecia la infracción de las normas sobre la carga de la prueba que invoca la apelante, ya que la sentencia de instancia valora adecuadamente las pruebas practicadas en la instancia. Lejos de ser arbitraria, la valoración que hace es perfectamente racional y lógica, por lo que debe ser mantenida, llegando a la conclusión de que la acción reivindicatoria no puede prosperar porque la parte actora no ha demostrado título alguno que justifique su propiedad, ni siquiera por indicios, ya que frente a la certificación catastral se aporta una inscripción registral donde con expresa descripción de la finca y su cabida, se determina que la propietaria es la demandada.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el interpuesto contra la resolución dictada por el Subdelegado del Gobierno en Zaragoza de fecha 12-11-2019 por la que se decreta expulsión por estancia irregular, con una prohibición de entrada en España (y espacio Schengen) por tiempo de tres años. Señala la Sala que la sanción a imponer de forma preferente a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves es la de multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular. Y concluye que en el caso objeto de estudio se constata la existencia de elementos negativos ya destacados en la sentencia apelada añadidos a la mera estancia irregular y que permiten mantener la expulsión acordada. Así, se ignora cuándo y por dónde entró en territorio español y se hallaba indocumentado. En cuanto a la ponderación de circunstancias para la adopción de la medida de expulsión hay que destacar la falta absoluta de arraigo laboral o formativo del apelante, del que se desconocen sus medios de vida y la actividad desarrollada en España. Lo único que acredita es la residencia en España de una hermana, pero no arraigo propio que justifique la revocación de la medida de expulsión acordada, no constituyendo esta circunstancia ninguna de las excepciones enumeradas en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva 2008/115/CE, que propician la aplicación del principio de no devolución.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución presunta (silencio administrativo de la reclamación presentada por la mercantil en fecha 4-5-2022 de devolución de todas las fincas en su día cedidas en cumplimiento de las previsiones del Plan Parcial nº 1 "Mas de Cornudella") y posteriormente expresa mediante Decreto de fecha 1-9-2022 por el que se acuerda estimar parcialmente la petición actora y desestimar la pretensión deducida por la entidad recurrente al excluir las fincas segregadas y cedidas en virtud de la escritura de cesión de 10-6-1997, desestimándose la devolución de las fincas cedidas mediante la escritura autorizada en aquélla fecha. Señala la Sala que la finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica razonada y articulada de la sentencia o auto apelado, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. Es decir, no es posible la reiteración simple y llana de los argumentos vertidos en la instancia con la finalidad de convertir la revisión en una nueva instancia para conseguir una Sentencia o auto a su favor. Y añade que la valoración realizada por la juez a quo no es notoriamente errónea, equivocada o sin esfuerzo.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto por el que se acordó denegar la adopción de las medidas cautelares interesadas por la parte recurrente. Señala la Sala que la doctrina sobre el fumus boni iuris requiere una prudente aplicación para no prejuzgar la decisión del pleito al resolver el incidente de medidas cautelares, pues con ello se quebrantaría el derecho fundamental al proceso con las debidas garantías de contradicción y prueba, salvo en aquellos supuestos en que se solicita la nulidad del acto administrativo dictado al amparo de una norma o disposición de carácter general previamente declarada nula o cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente. Y en la resolución recurrida se valora en fecha 29/05/2023, que las obras ejecutadas en suelo rústico, no son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico. Concluyendo en que en cuanto al perjuicio y valorando el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional el cual debe atender a las circunstancias particulares de cada situación no se acredita con carga probatoria suficiente que en el galpón constituya el medio de vida de su actividad profesional, sin que pueda priorizarse el interés particular de mantener una construcción frente al interés público de reposición de legalidad urbanística.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la revisión de oficio, instada de conformidad a lo establecido en el artículo 106 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante una ocupación por vía de hecho de unos terrenos propiedad de los actores sin haberse tramitado el procedimiento expropiatorio previo. Señala la Sala que resulta claro que la solicitud formulada por el recurrente contenía dos peticiones: una de nulidad de la actuación del Ajuntament en el acto de ocupación ilegal de la finca heredada y otra una petición de responsabilidad patrimonial de la Administración. Y añade que resulta aplicable a nuestro caso, dadas sus semejanzas, la doctrina y jurisprudencia recaídas en relación a la vía de hecho en materia expropiatoria. En estos casos, la consecuencia es la restitución de la finca que ha sido ocupada indebidamente, con indemnización, en su caso, de los perjuicios causados por la ilegal ocupación, solamente cuando la restitución in natura no fuera posible. Y que la indemnización sustitutoria ha sido cifrada tradicionalmente por la jurisprudencia en el 25% del justiprecio que hubiere sido adecuado; con ello se evitaba que a la Administración le costase lo mismo ajustarse a procedimiento que prescindir totalmente del mismo.
